“….datos aportados por el Servicio gestor es destacable lo siguiente:….”
Pensar que el impacto de la no actualización de los tramos de renta ha sido “neutra” o si aún y todo la consejería sigue pensando que esto no vulnera el ordenamiento jurídico y que se ajustan a la realidad económica, sólo cabe preguntarse ¿pero en manos de quién estamos?
El artículo 27 de la Constitución, consagra el derecho de todos a la educación. El artículo 27.5 de la Constitución determina que "los poderes públicos garantizaran el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza". Tal garantía se configura como una obligación que la Constitución impone a los poderes públicos. Asi lo declara también el Tribunal Constitucional (sentencia del 10 de julio de 1985) que: "incorpora... sin duda, junto a su contenido primario de derecho a la libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho..."
Es decir, tanto la legislación orgánica como la normativa reglamentaria configuran las becas como un elemento nuclear del sistema educativo dirigido a hacer efectivo el derecho a la educación, permitiendo el acceso de todos los ciudadanos a la enseñanza en condiciones de igualdad a través de la compensación de las condiciones socioeconómicas desfavorables que pudieran existir entre ellos, lo que determina que los poderes públicos están obligados a garantizar su existencia y real aplicación.
Si en las diferentes convocatorias, no se actualizan los tramos de renta, las familias dejaran de cumplir los requisitos o pasaran a percibir menos ayuda, por la misma situación económica como vimos en la Mentira Nº 1. Por ello, no garantizan que las familias navarras puedan acceder a las ayudas económicas con las que ejercitar su derecho a una educación.
La ley está al servicio de los ciudadanos, no al revés. No basta con promulgar leyes, sino que estas deben de ser eficaces, deben cumplir con el objetivo por las que fueron promulgadas, la constitución encomienda a los poderes públicos que hagan lo necesario para que sea real el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El tecnicobeca y los servidores de la función pública están para servir a la sociedad civil, tienen que velar por nuestros derechos. Por que negarse a ver la realidad, por que cerrarse en banda a analizar si realmente las familias numerosas pueden ejercer sus derechos realmente.
Excusas de mal pagador, mentiras, medias verdades, manipulación de información, con el fin de que familias navarras no puedan ejercer sus derechos. Un buen ejemplo del sectarismo y la prevaricación de los tecnicobecas.
